VEINTITRES DE FEBRERO

Hoy se cumplen treinta y tres años del intento de golpe de estado por Tejero, Milan de Bosch y otros secuaces. Algunos me dijeron que el golpe, en sus consecuencias, había tenido éxito, no tardaron en convencerme de que era así. En un día como hoy es un hecho.

En la constitución española en su artículo 1:

 España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Hace treinta y tres años que las fuerzas progresistas de este país y sus ciudadanos empezamos a sentir miedo y no reclamamos  con fuerza, nuestros derechos los fuimos conquistando poco a poco, tan poco a poco que parece que nos los dieron en vez de ganarlos.

La derecha nunca ha condenado  al franquismo como un régimen tirano.

Hoy se ha hecho una marcha en Madrid y otras muchas ciudades por toda una serie de derechos que hemos perdido en estos dos años.

Hemos perdido una sanidad pública, universal, pagada con los impuestos y gestionada públicamente

Hemos perdido una enseñanza pública cada vez más masificada, cada día menos cualificada en beneficio de una educación privada que tiene exenciones fiscales en medio de una crisis económica.

Hemos perdido los beneficios de una ley de dependencia que han dejado obsoleta y sin presupuesto, los más débiles están a expensas de la caridad pública. Desde una televisión pública convertida en televisión propagandística de gobierno se insiste en los beneficios de la caridad en detrimento de la justicia.

Hemos perdido una justicia igualitaria. Las tasas, la falta de medios en la justicia y la impunidad procesal de los más grandes hacen que miremos a la justicia con desdén.

Hemos perdido los derechos de los trabajadores. Empresas como Coca-Cola con ganancias millonarias se pueden permitir el lujo legal de despedir a setecientos trabajadores. Los sueldos bajan, los trabajos son cada vez más precarios. La fractura entre ricos y pobres se agranda. Muchos no pueden salir de la pobreza ni con un trabajo. 

Hemos perdido como consumidores. Como un ejemplo, las compañías energéticas cada día son más ricas y el gobierno es incapaz de desarrollar una política energética que sea favorable a los consumidores. Hay no se sabe cuánto cuesta la energía, si se sabe a como nos la cobra y además la cobran legalmente no como el promedio del mix energético sino al precio de la producción más cara.

Hemos perdido libertad. La ley de seguridad ciudadana quiere dejar a los ciudadanos sin poder protestar. Protestar se convertirá en una infracción administrativa, de tal forma que el gobierno sin más criterio que el suyo dirá quién infringe, cómo y cuándo.

No queda más remedio. Necesitamos una nueva constitución que se defina y se vote por los ciudadanos para los próximos cuarenta años. Sin miedo.