La educación que
viene: una competición al servicio de las elites
La nueva ley educativa
propuesta por el ministro Wert y el gobierno del PP supone un retroceso en la
calidad de la enseñanza. El objetivo último de esta reforma educativa es la
formación de trabajadores sometidos a un sistema económico muy concreto: el
neoliberalismo; y no obtener promociones de alumnos con una base cultural e
intelectual suficiente que les permita ser personas críticas y activas en la
sociedad.
Se proponen diferentes pruebas a lo largo de todo el proceso
educativo, tanto en primaria y secundaria como en Bachillerato, cuyos “criterios
de evaluación y características generales […] serán fijadas por el gobierno para
todo el Sistema Educativo Español”. Es decir, el actual modelo de segundo de
Bachillerato será repetido en el resto de ciclos. Esto conlleva que los
profesores se verán obligados a dar un temario determinado establecido por el
gobierno central y que, por lo tanto, como ya ocurre en la actualidad, con el
temario marcado por la PAU, no puedan aplicar los profesores sus propios
criterios educativos ni atender a las necesidades particulares de cada alumno
ante la presión que supondrá la necesidad de dar todo el temario para poder
afrontar con garantías la reválida correspondiente.
Además,
cabe señalar que el hecho de aplicar dichas pruebas favorece únicamente la
capacidad memorística de los alumnos y no su capacidad crítica o racional, e
incluso es un impedimento para desarrollar la creatividad de los alumnos.
Lejos de ser una reforma que fomente la base cultural de los alumnos
y alumnas, lo único que busca es enmarcarlos en un determinado campo laboral: ya
desde el comienzo de la educación secundaria los profesores orientan a los
estudiantes según sus aptitudes hacia un campo educativo u otro, similar al
estilo alemán. Por tanto, no se fomenta la mejora general del individuo ni se le
ofrece el suficiente apoyo en las materias en las que encuentra mayor
dificultad.
Una ley,
además, antidemocrática, que relega al Consejo Escolar a
un mero órgano consultivo otorgándole poder absoluto al equipo directivo en la
aprobación de la programación escolar.
Por otro lado, y tal y como ha denunciado, entre otros, el Sindicato
de Estudiantes, se trata de un modelo educativo al servicio de las elites
económicas del país que, bajo una lógica que convierte nuestra educación en una
competición, saldrán claramente beneficiadas. Así, por ejemplo, la ley que
impedía comparar centros y estudiantes según sus resultados es suprimida,
fomentando así la competitividad entre ellos. Los centros cuyos estudiantes
obtengan mejores resultados académicos podrán especializarse y recibirán más
recursos por parte de la Administración, de modo que los alumnos que por
cualquier motivo (socioeconómico, familiar, físico-psíquico) obtengan peores
resultados quedarán excluidos de las oportunidades económicas que pueda brindar
el Gobierno o el propio centro educativo.
Podemos
presuponer que los centros que seleccionan al alumnado mediante diversos
mecanismos (enseñanza privada), obtendrán como consecuencia mayor presupuesto. Una salida muy típica de la derecha más rancia que
beneficia lo privado por encima de lo público.
Como conclusión, es una reforma educativa que
–tal y como señala el propio borrador de la ley- “promueve la competitividad de
la economía y el nivel de prosperidad de un país”, en vez de invertir en que
todas las personas, al margen de sus condiciones personales, puedan desarrollar
plenamente todas sus facultades académicas y
sociales.
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