Hoy se cumplen treinta y tres años del intento de golpe de estado por
Tejero, Milan de Bosch y otros secuaces. Algunos me dijeron que el golpe, en
sus consecuencias, había tenido éxito, no tardaron en convencerme de que era
así. En un día como hoy es un hecho.
En la constitución española en su
artículo 1:
España se constituye en un Estado social y
democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Hace treinta y tres años que las fuerzas progresistas de este país y sus
ciudadanos empezamos a sentir miedo y no reclamamos con fuerza, nuestros derechos los fuimos
conquistando poco a poco, tan poco a poco que parece que nos los dieron en vez
de ganarlos.
La derecha nunca ha condenado al
franquismo como un régimen tirano.
Hoy se ha hecho una marcha en Madrid y otras muchas ciudades por toda una
serie de derechos que hemos perdido en estos dos años.
Hemos perdido una sanidad pública, universal, pagada con los
impuestos y gestionada públicamente
Hemos perdido una enseñanza pública cada vez más masificada,
cada día menos cualificada en beneficio de una educación privada que tiene
exenciones fiscales en medio de una crisis económica.
Hemos perdido los beneficios de una ley de dependencia que han
dejado obsoleta y sin presupuesto, los más débiles están a expensas de la
caridad pública. Desde una televisión pública convertida en televisión propagandística
de gobierno se insiste en los beneficios de la caridad en detrimento de la
justicia.
Hemos perdido una justicia igualitaria. Las tasas, la falta de
medios en la justicia y la impunidad procesal de los más grandes hacen que
miremos a la justicia con desdén.
Hemos perdido los derechos de los trabajadores. Empresas como Coca-Cola
con ganancias millonarias se pueden permitir el lujo legal de despedir a
setecientos trabajadores. Los sueldos bajan, los trabajos son cada vez más
precarios. La fractura entre ricos y pobres se agranda. Muchos no pueden salir de la pobreza ni con un trabajo.
Hemos perdido como consumidores. Como un ejemplo, las compañías
energéticas cada día son más ricas y el gobierno es incapaz de desarrollar una
política energética que sea favorable a los consumidores. Hay no se sabe cuánto
cuesta la energía, si se sabe a como nos la cobra y además la cobran legalmente
no como el promedio del mix energético sino al precio de la producción más
cara.
Hemos perdido libertad. La ley de seguridad ciudadana quiere dejar a los ciudadanos sin poder
protestar. Protestar se convertirá en una infracción administrativa, de tal
forma que el gobierno sin más criterio que el suyo dirá quién infringe, cómo y cuándo.
No queda más remedio. Necesitamos una nueva constitución que se defina y
se vote por los ciudadanos para los próximos cuarenta años. Sin miedo.
